Disidentes Farc que habían sido capturados en camionetas de UNP serán gestores de paz
También se suspenderán las órdenes de captura para que puedan ser voceros y gestores por seis meses.
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En un controvertido movimiento, el presidente Gustavo Petro ha firmado una nueva resolución que oficializa la designación de cuatro disidentes de las FARC como gestores de paz. Estos individuos, capturados en julio por la utilización irregular de esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ahora jugarán un papel crucial en el proceso de paz impulsado por el gobierno.
Entre los designados se encuentra Edgar de Jesús Orrego Arango, alias ‘Leo’ o ‘Firu’, reconocido cabecilla de la Estructura 36, quien es señalado como el principal responsable del ataque que cobró la vida de seis soldados en Valdivia. La decisión de incluir a un individuo con semejante historial de violencia en el grupo de gestores de paz ha generado una oleada de críticas y cuestionamientos sobre las estrategias del gobierno.
Otro de los nombrados es Diego Armando Vargas Betancourt, alias ‘Boyaco’, uno de los líderes más notorios entre los disidentes de las FARC. Su inclusión en este grupo también suscita inquietudes respecto a la legitimidad y efectividad de las negociaciones con estos actores.
La lista se completa con Yenser Yosony Duque, alias ‘Oliver González’, cabecilla de la Comisión del Frente Raúl Reyes de las disidencias de las FARC, y María Alejandra Ojedo, de quien poco se sabe sobre su rol específico dentro de las disidencias.
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El propósito de esta designación, según la resolución, es que estos individuos “contribuyan con su conocimiento y experiencia a la estructuración del proceso de paz con el Estado Mayor Central de las FARC-EP, y promuevan acuerdos y acciones humanitarias.” Este nombramiento tendrá una duración de seis meses y será efectivo en todo el territorio nacional. Adicionalmente, el Gobierno, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, solicitará a las autoridades judiciales la suspensión de las medidas penales en curso contra estos disidentes.
La resolución establece que los designados deberán firmar un acta de compromiso ante el Alto Comisionado para la Paz, comprometiéndose a asistir a todas las diligencias judiciales que se les requieran, a elaborar un plan de trabajo, y a presentar informes mensuales sobre sus actividades, que serán evaluados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Este polémico paso subraya la complejidad y los desafíos inherentes al proceso de paz en Colombia, en el que el gobierno parece estar dispuesto a tomar decisiones arriesgadas con tal de alcanzar un acuerdo duradero.
