Defensoría alerta sobre desplazamientos en Caquetá: "La situación es realmente crítica"

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió una alarmante advertencia sobre la grave crisis humanitaria que afecta a varias regiones de Colombia, con especial énfasis en Caquetá. Durante una entrevista concedida a Blu Radio en el programa Radar, Marín expuso la crítica situación que enfrentan cerca de 250 familias desplazadas en el municipio de Cartagena del Chairá, como consecuencia de la creciente confrontación entre grupos armados ilegales, en particular las disidencias de las FARC.

Según explicó la defensora, estos grupos armados, fragmentados y en pugna por el control territorial y las rentas ilegales, han intensificado la presión sobre la población civil. "La situación es crítica. La semana pasada emitimos una alerta de inminencia debido a las constantes amenazas sobre la comunidad, y, lamentablemente, anoche se concretó el desplazamiento masivo de cientos de familias", expresó Marín con preocupación.

Marín Ortiz también aclaró que la Defensoría del Pueblo emite dos tipos de alertas: las estructurales, que abordan las causas profundas de la violencia, y las de inminencia, que advierten sobre la inminente vulneración de derechos humanos. A pesar de la emisión de esta última, las 250 familias se vieron forzadas a abandonar sus hogares, buscando salvaguardar sus vidas ante el inminente riesgo.

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En cuanto a la respuesta humanitaria, la defensora destacó la urgencia de una intervención rápida y coordinada. "Es indispensable que el Gobierno municipal, con el apoyo de la Unidad de Víctimas, garantice refugio, alimentación y la satisfacción de las necesidades básicas de las familias desplazadas", subrayó.

Asimismo, Marín manifestó su profunda preocupación por la expansión de los grupos armados en otras zonas del país, como Cauca y Arauca, donde se ha registrado un aumento en los desplazamientos forzados, el reclutamiento de menores y la explotación infantil.

Finalmente, la defensora hizo un llamado a la cooperación armónica entre el Gobierno nacional, las administraciones locales y la Defensoría del Pueblo para hacer frente a esta grave crisis de derechos humanos. “Es imperativo que protejamos a la población civil en medio de la violencia, y que lo hagamos de manera coordinada y efectiva", concluyó.