La ley también es para Petro

La investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la campaña del presidente Gustavo Petro, que ha revelado una violación de los topes de financiación por más de $5.300 millones y la omisión de declarar fondos, representa un duro golpe a la legitimidad de su mandato. Estas irregularidades, que incluyen la no declaración de aportes significativos de organizaciones como Fecode y el Polo Democrático, destapan un preocupante patrón de manejo opaco de recursos durante la contienda electoral.

Es importante subrayar que el CNE está cumpliendo con su deber al investigar estos hechos. Como tribunal encargado de velar por la legalidad de los procesos electorales, su misión es asegurar que todos los candidatos, sin excepción, respeten las normas establecidas.

Por ello, la reacción del presidente Petro al hablar de un supuesto “golpe blando” resulta inquietante, ya que envía un mensaje antidemocrático al país. Victimizarse y sugerir que está siendo objeto de persecución política es un intento peligroso de desviar la atención de las acusaciones concretas y fundamentadas que enfrenta.

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No es su ideología la que está bajo escrutinio, sino las acciones específicas de su campaña, que parecen haber transgredido los límites legales en repetidas ocasiones.

Es alarmante pensar que, al mencionar un golpe blando, el presidente esté anticipándose a un fallo adverso o preparando el terreno para desconocer una eventual sanción.

Si el presidente Petro persiste en este camino, podría estar sembrando las semillas para un golpe real, no uno blando, sino uno dirigido por él mismo contra el Estado de derecho.

La democracia se fortalece cuando todos, especialmente los líderes, se someten a las mismas reglas y aceptan las consecuencias de sus actos.