Investigación del CNE concluye que campaña Petro violó topes por más de $5.300 millones

La campaña del presidente Gustavo Petro se encuentra bajo un escrutinio minucioso, marcada por señalamientos que podrían reconfigurar el panorama político. Según una investigación realizada por un equipo interdisciplinario y liderada por los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, la campaña habría violado los topes legales de gastos y financiación en ambas vueltas de la elección presidencial, superando los límites permitidos en más de 5.300 millones de pesos y recibiendo aportes de fuentes expresamente prohibidas por la ley.

Las presuntas irregularidades son alarmantes: en la primera vuelta, la campaña habría omitido reportar un aporte de 500 millones de pesos proveniente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), un sindicato que, según documentos encontrados, aprobó este monto como “apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro”. Este dinero habría llegado a la empresa Ingenial Media, encargada de pagar al asesor catalán Xavier Vendrell. Asimismo, se acusa a la campaña de no haber reportado 500 millones de pesos del Partido Polo Democrático Alternativo, un monto que inicialmente figuró como préstamo pero que luego desapareció de los registros contables.

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Otra presunta irregularidad involucra a la misma firma Ingenial Media, que habría omitido pagos por 931 millones de pesos a testigos electorales, utilizando una compañía intermediaria, Matrix Giros y Servicios. La campaña sostiene que estos no son gastos de campaña, sino posteriores, basándose en un concepto jurídico emitido por Jonathan Ramírez, quien fue nombrado secretario general del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en el gobierno Petro y renunció en medio de cuestionamientos por corrupción.

La cuarta irregularidad señalada es una factura refundida de Caracol Televisión, por un valor de más de 356 millones de pesos por publicidad en la primera vuelta, pero que fue reportada en la segunda vuelta, violando los límites legales de gastos. Además, se acusa a la campaña de omitir 202 millones de pesos recibidos por Ingenial Media para la operación de testigos de Vendrell, dinero que habría sido transferido desde la campaña al Senado del Pacto Histórico.

En cuanto a la segunda vuelta, las presuntas irregularidades alcanzan los 1.600 millones de pesos. Entre ellas, destaca el alquiler del Movistar Arena para la celebración de la victoria, cuyo costo real fue de 250 millones de pesos, pero solo se reportaron 150 millones. Además, se omitieron pagos por 177 millones de pesos a testigos electorales y más de 960 millones de pesos en vuelos privados, nuevamente contratados con la empresa SADI de Ibagué.

Estas revelaciones han llevado al Consejo Nacional Electoral a considerar la apertura de cargos administrativos contra el presidente Gustavo Petro, su gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, así como contra los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. Aunque la investigación administrativa podría resultar en multas o la devolución de dineros públicos, el escenario se complica si la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decide involucrarse, especialmente considerando la composición de esta comisión, con figuras que tienen antecedentes y relaciones que podrían influir en el curso de los acontecimientos.

En un ambiente político ya de por sí tenso, esta investigación añade una nueva capa de incertidumbre, dejando en el aire preguntas sobre el futuro inmediato del presidente Petro y su administración.