Informe, Naya – Masacres, crónica de una tragedia anunciada.

Nuestra Comisión Justicia y Paz con miembros del Consejo Comunitario del Río Naya el pasado miércoles 31 de julio en reunión de seguimiento y concertación a la medida cautelar No. 0902 de la CIDH en beneficio de las 74 comunidades de este consejo comunitario, planteamos al gobierno nacional sobre la agudización y degradación del conflicto armado en este territorio y su consecuente crisis humanitaria. Así mismo, advertimos del inminente riesgo en el que se encuentran las comunidades negras del Río Naya ante la feroz disputa por el control socio-territorial de varias estructuras armadas, advertencia que no llevó a adoptar medidas eficaces y hoy se refleja en una lamentable e irreparable situación de pérdidas de vidas violentamente arrebatadas.

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En esta reunión se planteó al gobierno y representantes de las entidades responsables del cumplimiento de estas medidas, la grave situación de agudización y degradación del conflicto armado en este territorio, la crisis humanitaria en la que se encontraban los pobladores de esta cuenca.

Manifestamos nuestra preocupación en esa reunión por el desconocimiento de la medida cautelar por parte del gobierno, principalmente en lo concerniente a la seguridad y protección de la población beneficiaria.

No se cumplió con el control perimetral exigido por parte de la fuerza pública ni se adoptó ninguna otra medida.

Manifestamos como en confrontaciones iniciales entre las Fuerzas Militares y EMC produjeron el desplazamiento de más de 60 familias hace más de mes y medio.

El intento fallido de una política estéril de Paz Total por el actual gobierno, es un desgarrador lamento para la población Nayera: comunidades desplazadas, confinadas, en riesgo inminente ante las confrontaciones armadas en medio de sus caseríos, sin libertad, sin respeto por la vida, sin garantía de sus derechos fundamentales, en especial los derechos de los NNJA forzados a hacer parte de una guerra que no les pertenece. Un territorio violentado y desprotegido, destruido ambientalmente por la minería mecanizada de oro sin que ninguna autoridad gubernamental y estatal intervenga en su defensa desde el enfoque de la seguridad humana.

La militarización fallida con el desplazamiento, las Infracciones al DIH de los grupos armados irregulares colocan en riesgo a comunidades que han quedado en medio de confrontaciones armadas evidencian la inutilidad de medidas de fuerza

No se profesa el respeto a la vida como derecho fundamental por nadie y tampoco el diálogo ha sido profundizado.

Es lamentable, como la voz que clama en el desierto denuncia una y otra vez sucesos tan dolorosos que reflejan la cruda realidad de las comunidades y pueblos que padecen la degradación de la guerra ante la indiferencia, ausencia e inacción de funcionarios públicos que están lejos de hacerse responsables de avanzar con hechos hacia la paz y de garantizar los Derechos Humanos de la población civil.

Frente a lo sucedido en la noche anterior y ante la ausencia de una entidad que practicara el levantamiento de los cuerpos asesinados, personas de la comunidad de la sagrada familia junto a familiares de las víctimas recogieron los cuerpos, algunos fueron a López de Micay, otros son velados en el Naya, y, los cuerpos de las cuatro mujeres se encuentran en Puerto Merizalde a la espera de que alguna entidad competente haga presencia, comunitariamente se ha diligenciado las cajas mortuorias.

Se solicita al señor presidente de la república muy respetuosamente una reunión con delegados de las comunidades negras del río Naya para abordar la problemática y soluciones a la situación dramática que viven.

Se invitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una visita in locu para que conozca de primera voz la situación de las comunidades negras del río Naya.

Se requiere con urgencia una misión de verificación institucional concertada con la junta directiva del consejo Comunitario del río Naya para que aborde de manera diferencial la problemática de las comunidades y responda a las mismas.

Finalmente, de no asumir los compromisos en el marco de la medida cautelar de la Comisión interamericana de Derechos Humano, con prontitud y responsabilidad por parte del gobierno nacional, para las 74 comunidades negras del río Naya no queda otra opción que el desplazamiento masivo.

Con Profunda preocupación

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Tomado de: https://www.justiciaypazcolombia.com/informe-masacres-cronica-de-una-tragedia-anunciada/