Reforma política 2.0: CNE se quedaría sin poder hacer investigaciones administrativas

Hacia las 10:00 de la mañana de este martes, 24 de septiembre, se espera que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presente ante la Cámara de Representantes el nuevo proyecto de reforma política, el segundo intento del Gobierno tras el fracaso del anterior en marzo de 2023.

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Aunque el texto final aún no ha sido revelado, se accedió a una presentación del Ministerio del Interior que describe el objetivo del proyecto: "Promover la democracia interna de partidos y movimientos políticos, así como la transparencia en la financiación de las campañas electorales y las organizaciones políticas, para garantizar una mejor representación ciudadana y calidad en la democracia colombiana, además de implementar el Acuerdo de Paz". Este documento sugiere que el enfoque está en fortalecer los principios de equidad y transparencia dentro del sistema político del país.

Entre los cambios más significativos que plantea el proyecto, se destaca la reforma en la estructura y el proceso de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). En la actualidad, esta entidad se encuentra en una confrontación directa con el Gobierno debido a las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro, Ricardo Roa y el Pacto Histórico, por presuntas violaciones de topes en la financiación de la campaña presidencial de 2022 y actividades de proselitismo. fuera de tiempo.

Según la nueva propuesta, el CNE estaría compuesto por nueve magistrados con un mandato de seis años, seleccionados mediante concurso público a partir de 2026. Este proceso será liderado por la Rama Judicial, y los magistrados serán escogidos por la Corte Constitucional, la Corte Suprema. de Justicia y el Consejo de Estado, quienes elegirán a tres cada uno a través de listas de elegibles. Se establecerán estrictos requisitos de elegibilidad: no podrán ser seleccionadas personas que hayan ocupado cargos directivos en partidos políticos o que hayan sido candidatas a cargos de elección popular en los últimos siete años. Además, los magistrados estarán inhabilitados para asumir cargos de liderazgo partidista o de alta dirección en el Gobierno durante los dos años siguientes a su retiro.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la eliminación de la facultad del CNE para llevar a cabo investigaciones administrativas y sancionar irregularidades en la financiación de campañas electorales. En su lugar, el proyecto propone que el CNE desempeñe un rol colaborativo con otras entidades encargadas de estas investigaciones. Además, se le asignarían nuevas funciones como la depuración del censo electoral y la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular.

En cuanto a la democracia interna de los partidos y movimientos políticos, el proyecto busca garantizar una mayor participación de los afiliados a través de consultas internas e interpartidistas, permitiendo que las elecciones se realicen con listas cerradas y bloqueadas. Asimismo, se mantendrá la posibilidad de que los partidos minoritarios conformen coaliciones para postularse en elecciones a corporaciones públicas.

Finalmente, en lo que respecta a la financiación de campañas, la reforma prohíbe los aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras y prioriza la financiación estatal mediante anticipos y reposición de votos. También introduzca el Registro Nacional de Proveedores Electorales, que permitirá a las campañas adquirir bienes y servicios únicamente de quienes estén registrados, salvo en casos de cantidad mínima definida por el CNE.

Cabe destacar que, pese a las expectativas, la presentación del Ministerio no incluyó detalles sobre el transfuguismo, uno de los temas más discutidos y que el Pacto Histórico busca introducir de cara a las elecciones de 2026. Este punto, clave para el oficialismo, seguirá siendo motivo de debate en los próximos meses.